ÍNDICE GLOBAL DEL HAMBRE (IGH) PERÚ 2024

El diagnóstico departamental del Índice Global del Hambre (IGH) 2023 revela profundas desigualdades territoriales en el Perú. Diez departamentos, principalmente ubicados en la sierra y selva, se encuentran en una situación de hambre grave, con puntajes que van de 20.0 a 34.9 en el IGH. Apurímac y Huancavelica se destacan como los casos más críticos, con cifras que los sitúan peligrosamente cerca de pasar a niveles alarmantes. En contraste, Ica y Lambayeque son los únicos departamentos clasificados con niveles bajos de hambre, con puntajes inferiores a 9.9, gracias a su dinamismo económico basado en la agroexportación. Trece departamentos, entre ellos Lima, Junín y Arequipa, presentan niveles moderados, aunque estas regiones no están exentas de retrocesos debido al contexto económico adverso.

Los cambios recientes muestran un deterioro generalizado en la mayoría de los departamentos, con casos como Ayacucho y Huancavelica, que han experimentado un incremento de 6 puntos en su IGH entre 2020 y 2023. Por otro lado, la región selva ha mostrado cierta resiliencia, con menores retrocesos en comparación con la costa y la sierra.

Diferencias territoriales

se observa que la región costera, que normalmente presentaba mejores condiciones alimentarias, ha sufrido un grave deterioro desde la pandemia. Lima Metropolitana, en particular, enfrenta niveles de hambre graves, comparables a los de la sierra, debido a su alta dependencia de ingresos monetarios y la informalidad económica. Mientras tanto, algunas regiones costeras, como Ica y Lambayeque, lograron mantener bajos niveles de hambre gracias al dinamismo de la agroexportación. Estas disparidades dentro de la costa evidencian desigualdades económicas y sociales intrarregionales.

La sierra concentra los mayores niveles de hambre en el país, con departamentos como Huancavelica y Apurímac en condiciones críticas. Factores como la dependencia de la agricultura de subsistencia, la baja inversión en infraestructura básica y la alta vulnerabilidad a eventos climáticos como sequías y heladas explican este panorama. A pesar de los avances significativos entre 2010 y 2019, las crisis recientes han revertido gran parte de ese progreso. Por otro lado, la selva mostró cierta resiliencia frente a la pandemia, atribuida a la continuidad de cultivos agroindustriales como café y cacao, y al autoconsumo en comunidades rurales. Sin embargo, departamentos como Loreto y Ucayali siguen enfrentando graves problemas debido al aislamiento geográfico y la débil infraestructura.

Diferencias por género

Contrario a lo esperado, los hombres presentan mayores niveles de hambre grave que las mujeres, debido a peores indicadores en desnutrición crónica (12.5 % frente a 10.5 %) y mortalidad infantil. Esto podría deberse a desigualdades en el acceso a alimentos dentro del hogar, donde las mujeres suelen priorizar la alimentación de sus hijos y otros miembros de la familia. Sin embargo, las mujeres enfrentan desventajas estructurales significativas, como la brecha salarial, la discriminación laboral y la sobrecarga de trabajo no remunerado, que limitan su capacidad económica y perpetúan su vulnerabilidad alimentaria.

Factores determinantes

En términos económicos, la inflación alimentaria y la recesión de 2023 redujeron restrictivamente el poder adquisitivo de las familias más vulnerables, especialmente en los departamentos con menor ingreso per cápita. La dependencia de actividades económicas tradicionales y vulnerables, como la agricultura de subsistencia en la sierra y la selva, ha exacerbado la inseguridad alimentaria. Socialmente, la desigualdad territorial y la baja inversión en infraestructura básica en las zonas más rezagadas han profundizado estas brechas, dejando a regiones como Apurímac y Loreto en situaciones críticas.

Por otro lado, los eventos climáticos extremos, como sequías y lluvias intensas, han afectado severamente la productividad agrícola en la sierra y la selva. Estas regiones son altamente sensibles a la variabilidad climática, lo que limita su capacidad para garantizar una seguridad alimentaria sostenida. Institucionalmente, la débil cobertura de programas sociales y la falta de estrategias de planificación regional han impedido mitigar los efectos negativos de esta crisis.

Análisis temporal y coyuntura reciente

Entre 2010 y 2019, el Perú logró avances significativos en la reducción del hambre, especialmente en regiones tradicionalmente afectadas como la sierra y la selva. Departamentos como Huancavelica, Huánuco y Pasco, ubicados en la sierra central, lograron reducir sus niveles de hambre de aproximadamente 40 puntos a cerca de 20, gracias a una combinación de crecimiento económico, fortalecimiento de programas sociales y mejora en la infraestructura básica. Asimismo, la selva norte, representada por departamentos como Amazonas y San Martín, experimentó importantes reducciones al pasar de más de 20 puntos a alrededor de 15 en el IGH.

Sin embargo, los avances logrados en esta década se han revertido a partir de 2020. La llegada de la pandemia de COVID-19 marcó el inicio de un período de deterioro acelerado en los indicadores alimentarios. Departamentos como Ayacucho, Huancavelica y Puno observaron los mayores incrementos en el IGH entre 2020 y 2023, alcanzando niveles de hambre no vistos desde comienzos de la década de 2010. En general, el retroceso en los niveles de hambre ha sido más marcado en las regiones rurales y en aquellos departamentos más dependientes de actividades económicas vulnerables como la agricultura de subsistencia.

La coyuntura reciente, particularmente durante 2022 y 2023, ha sido crítica para la seguridad alimentaria en el Perú. La recesión económica de 2023, combinada con las altas tasas de inflación alimentaria y energética, ha afectado de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos, que destinan la mayor parte de sus recursos a la alimentación. Este contexto ha profundizado la inseguridad alimentaria, especialmente en áreas urbanas como Lima Metropolitana, que ahora presenta niveles de hambre comparables a los de la sierra.

En las zonas rurales, aunque el autoconsumo agrícola ha brindado cierto nivel de resiliencia, los eventos climáticos extremos, como sequías y heladas, han afectado gravemente la productividad agrícola, exacerbando la situación de hambre. La limitada cobertura de programas sociales en estas áreas también tiene dificultado una respuesta efectiva frente a las crisis.

A nivel nacional, la pérdida de empleos, la reducción de ingresos y el agotamiento de ahorros familiares han limitado la capacidad de recuperación de las economías domésticas. Además, las tensiones políticas y la falta de coordinación en las políticas públicas han obstaculizado la implementación de estrategias efectivas para mitigar los impactos de las crisis económicas y climáticas.

El Índice Global del Hambre (IGH) 2023 refleja los enormes desafíos que enfrenta el Perú para garantizar la seguridad alimentaria de su población en un contexto marcado por desigualdades estructurales y crisis recientes. Las disparidades territoriales y de género, junto con la fragilidad del sistema alimentario ante factores económicos, sociales y climáticos, subrayan la necesidad urgente de una transformación integral.

A nivel territorial, las regiones de la sierra y la selva continúan siendo las más rezagadas, afectadas por la falta de acceso a servicios básicos, infraestructura deficiente y oportunidades económicas limitadas. Aunque la costa ha mostrado un mejor desempeño, departamentos como Lima Metropolitana enfrentan niveles de hambre graves, revelando que las brechas también están presentes dentro de esta región. Estas desigualdades, históricamente arraigadas, han sido exacerbadas por la pandemia de COVID-19, la inflación alimentaria y la recesión económica de 2023, que afectarán particularmente a las familias de bajos ingresos en áreas urbanas y rurales.

El impacto diferencial por género también resalta en el análisis del IGH. Si bien los hombres muestran peores indicadores de desnutrición y mortalidad infantil, las mujeres enfrentan desigualdades estructurales significativas que limitan su acceso a recursos económicos y sociales. Sin embargo, su rol en la agricultura familiar, el manejo del hogar y las redes comunitarias las posiciones como actores clave en la lucha contra el hambre.

Los avances logrados en la reducción del hambre entre 2010 y 2019 han sido revertidos en gran medida, lo que plantea la necesidad de reflexionar sobre las políticas actuales y los pasos necesarios para construir un sistema alimentario más equitativo, resiliente y sostenible. En este contexto, los retos son múltiples. Es fundamental transformar los sistemas alimentarios hacia modelos que prioricen la sostenibilidad, la diversificación de cultivos y el fortalecimiento de las cadenas de valor locales. Esto debe ir acompañado de políticas públicas que reduzcan las brechas territoriales y de género, invirtiendo en infraestructura básica y fomentando el acceso equitativo a recursos como créditos, tierras y capacitación, especialmente para las mujeres.

Asimismo, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, el sector privado, las comunidades y la cooperación internacional es crucial para diseñar estrategias integrales y efectivas. La participación multisectorial puede fortalecer iniciativas locales como las ollas comunes y los huertos comunitarios, que han demostrado ser herramientas valiosas en contextos de crisis. Además, el fortalecimiento de la resiliencia climática mediante prácticas agrícolas adaptativas, seguros agrícolas y sistemas de alerta temprana es imprescindible para proteger a los pequeños productores y garantizar una producción sostenible frente a eventos climáticos extremos.

Finalmente, es esencial promover la educación en nutrición y hábitos alimentarios saludables para mejorar la calidad de la dieta, especialmente en comunidades vulnerables. Sensibilizar a la población ya los tomadores de decisiones sobre la gravedad del problema es clave para movilizar los recursos y esfuerzos necesarios.