20 MIL EMPLEOS SE PERDERÍAN DE PROHIBIRSE LA TERCIARIZACIÓN LABORAL
El 22 de agosto entrará en vigor el Decreto Supremo N°001-2022-TR que prohíbe la terciarización laboral, generando así graves consecuencias en el empleo formal y el crecimiento económico.
¿Qué es la terciarización laboral?
El Instituto Peruano de Economía (IPE) define la terciarización laboral como la contratación de una tercera empresa para que desarrolle actividades especializadas, obras o algún otro servicio en las instalaciones de una empresa usuaria.
¿Por qué el gobierno prohíbe la terciarización laboral?
Por el contrario, la medida reduciría significativamente los empleos formales y podrían motivar una mayor informalidad en la provisión de servicios, como lo señala el Raúl Martínez Luna, economista y director de Luna Consultores, eliminar la terciarización afectaría las micro y pequeñas empresas, fomentando el desempleo y la informalidad, porque generaría el cierre de empresas tercerizadoras y las empresas contratistas al no poder absorber todo el personal aumentaría el desempleo, y las grandes empresas ahora contratarían personas de manera informal para que realicen trabajos que tercerizaban.
Lo mencionado por el economista, concuerda con lo mencionado por el BCRP (2022), al señalar la institución que la prohibición de la terciarización laboral tendría implicancias económicas y laborales en varios sectores de la economía, en el sentido, de que ahora las empresas tendrían que ampliar su planilla y acelerar procesos de tecnificación, lo que implica aumento de costos por especialización impactando negativamente en la productividad, comprometiendo de esta manera en el largo plazo el crecimiento económico y la creación de empleos adecuados, debido a una asignación ineficiente de recursos para la especialización, dada la inexperiencia de las empresas que en el presente son las contratistas.
Prohibir la terciarización sería inconstitucional
Prohibir la terciarización sería inconstitucional porque atenta contra el derecho de la libertad de empresa y de la contratación señalado en la Constitución del Perú, así como el principio de legalidad que establece que un reglamento no puede desnaturalizar una ley. En mención a la terciarización, el Tribunal Constitucional, en el 2020, ratificó que la Ley N°29245, Ley que regula los servicios de terciarización, no restringe los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, además la norma no es inconstitucional, pues las consecuencias de la desnaturalización de la terciarización son sancionadas.
Contexto peruano de la terciarización
La terciarización laboral cumple un rol importante en la dinámica empresarial peruana, debido a que favorece la productividad y la eficiencia en los procesos productivos. La información más actualizada que existe al respecto es la ofrecida por la Encuesta Nacional de Empresas (ENE) al 2017.
Nota: Se presentan cuatro servicios que usualmente requieren el destaque de trabajadores. Fuente: INEI – ENE 2018
Nota: Solo se considera la terciarización de servicios de mantenimiento, seguridad, producción y limpieza – Fuente: INEI – ENE 2018.
En 2017 el 62% de empresas había tercerizado el mantenimiento de sus equipos, el 32% la seguridad en sus instalaciones, y solo el 14%, parte de su producción. Según los resultados de la encuesta, las empresas que más tercerizaron son las del sector construcción y servicios. Además, se indica que el 6% de las empresas encuestadas que tuvieron dificultades para contratar trabajadores contrataron una service.
En el 2020, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), operaron 1,565 empresas tercerizadoras y de intermediación laboral formales en el Perú, estás emplearon a más de 240 mil trabajadores, lo que equivale el 1.6% de la fuerza laboral y el 7% del empleo formal en el país. Jorge Toyama Miyagusuku, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, refirió que 20 mil puestos de trabajo estarían en riesgo tras la prohibición de la terciarización.
Solución al problema de la desnaturalización de la terciarización
La solución se encuentra en fortalecer el monitoreo y la fiscalización de la terciarización para evitar el incumplimiento de las leyes vigentes. Actualmente la fiscalización por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) es muy débil, en promedio por año se hacen 174 órdenes de inspección en empresas de terciarización, en base a ello, si se realiza una inspección por empresa, apenas el 20% de empresas tercerizadoras fueron inspeccionadas.
En ese sentido, la solución está en fortalecer la fiscalización por parte de Sunafil, al respecto Carlos Bernal Pozo, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros de Perú (ACOMIPE), discrepa con la postura del gobierno y considera que este debe preocuparse en fiscalizar a las empresas tercerizadoras, en vez de querer eliminarlas, porque pone en riesgo de desempleo a miles de trabajadores formales.
Está demostrado que la terciarización permite incrementar la productividad y eficiencia empresarial vía especialización, entonces, es importante que el estado fiscalice la terciarización laboral para que el resultado social sea positivo. Según el BCRP (2022), los principales beneficios de la terciarización laboral son:
- Aprovechamiento de las economías de escala y de la experiencia de empresas especializadas.
- Mayor flexibilidad de las empresas usuarias frente a demandas volátiles e inciertas, lo que permite adaptabilidad y gestión de riesgos.
- Reducción de los costos de contratación permanente, debido al menor costo de búsqueda de personal especializado y tecnificado.
